Unas 25.000 personas se manifestaron este sábado en Madrid para defender el sistema público de pensiones y rechazar su privatización, en plena precampaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La marcha, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), partió de Atocha y terminó en la calle de Alcalá, en el centro de la capital.
Según los datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, citados por la agencia EFE, la cifra fue de 25.000 participantes. Los convocantes elevaron el número a 50.000. La diferencia entre el recuento oficial y el de los organizadores es habitual en este tipo de movilizaciones, pero en ambos casos se trata de una de las marchas de pensionistas más grandes de los últimos años en España.
Las reivindicaciones principales fueron tres. Primero, que las pensiones se revaloricen conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) real, porque, según los manifestantes, las subidas actuales no compensan el encarecimiento de la cesta de la compra. Segundo, que la pensión mínima se equipare al salario mínimo interprofesional neto, fijado en 1.221 euros mensuales. Y tercero, que se recupere la paga compensatoria por la pérdida de poder adquisitivo al final de cada año.
El dato que sostiene la protesta es la inflación: en septiembre, los precios subieron un 4,9 % en tasa interanual, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde la coordinadora denuncian que las personas pensionistas han perdido poder adquisitivo y que, para el 51,3 % de ellas, la pensión no alcanza para llegar a final de mes. "Tenemos menos capacidad de compra que en enero", aseguró la portavoz nacional de COESPE, Francisca López, al frente de la marcha.
La movilización no fue solo de pensionistas. También participaron colectivos que defienden el acceso a la vivienda, como el Sindicato de Inquilinas, y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, que reclamaron subidas de pensiones y salarios que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido. El mensaje de los organizadores fue que la crisis de la vivienda afecta también a las personas mayores, sobre todo a quienes viven de alquiler o ayudan económicamente a sus familiares, y que la dificultad para llegar a fin de mes no es un conflicto entre generaciones, sino un problema de ingresos.
El Mundo informó además de que los manifestantes reclamaron una subida del 6 % de las pensiones para 2027, así como mejores salarios y acceso a una vivienda asequible. La Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar (ASJUBI40) pidió derogar los coeficientes reductores que penalizan a quienes se jubilan antes tras cotizar 40 años o más, una penalización que, según su portavoz, Santiago Menchero, perjudica a unas 900.000 personas en España.
La marcha tuvo también un marcado carácter electoral. Ada Colau, candidata a la Presidencia por el Frente Amplio, acudió a la manifestación y propuso recuperar la jubilación a los 65 años y garantizar que ninguna pensión quede por debajo del salario mínimo. Su coalición estima el coste de ambas medidas en unos 20.000 millones de euros anuales y plantea financiarlas con una mayor tributación de grandes empresas y fortunas. En 2026, la jubilación ordinaria a los 65 años exige al menos 38 años y tres meses cotizados; por debajo de ese umbral, la edad ordinaria es de 66 años y diez meses.
La protesta de Madrid coincidió con una jornada de movilizaciones en varios países de Europa, entre ellos Francia, donde cientos de miles de personas salieron a la calle contra el coste de la vida. En Madrid, además, centenares de familias se concentraron ante la Consejería de Educación en apoyo a la huelga indefinida de la educación pública no universitaria de la región, iniciada el pasado 14 de octubre.
A un mes de las elecciones, la marcha deja una pregunta sobre la mesa: qué partido convencerá a los millones de pensionistas españoles de que su pensión mantendrá el poder adquisitivo. Los manifestantes, por su parte, dejaron claro su lema: "Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden".